Hiedra García Sampedro. Madrid
El Pleno del Parlamento gallego ha rechazado una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Gallego que pedía mejorar el sistema de implantación de la receta electrónica en la comunidad ya que, según la portavoz del BNG, Ana Luisa Bouza, la Consejería ha convertido una buena herramienta “en un problema” para profesionales y usuarios.

Ana Luisa Bouza, María del Carmen Acuña y Rosendo Fernández.

Bouza ha asegurado en la defensa de su iniciativa que el sistema tiene falta de flexibilidad y no es capaz de adaptarse a las necesidades de la población, lo que, según la portavoz nacionalista, no se había “previsto” y es debido a que la Xunta sólo busca “conseguir titulares a cualquier precio”.

También ha subrayado que con la receta electrónica se ha multiplicado la visita a la oficina de farmacia porque los usuarios no pueden llevarse la medicación para varios meses y esto les obliga a desplazarse hasta la botica. “A veces les sale más caro el taxi que la medicación”, afirma Bouza.

Estos problemas llevaron a la Consejería ha optar por una situación provisional intermedia que obliga a los profesionales a imprimir también el papel de la receta, con esto se duplica el tiempo y el coste de los papeles.

Por estas razones, el BNG solicitó el apoyo de los grupos parlamentarios para que la Xunta retirase esta situación intermedia y adaptara el programa para que los pacientes del ámbito rural, que tienen que desplazarse, pudieran tener la misma capacidad que los demás usuarios de otras zonas.

En esta solicitud, el BNG obtuvo el apoyo del PSdeG, para cuya portavoz, María del Carmen Acuña, la implantación de la receta electrónica no se ha realizado de forma homogénea ya que en enero de 2010 contaban con este sistema el 44 por ciento de los centros de Ourense; en Lugo, el 15 por ciento; en Vigo, el 28 por ciento; y en Ferrol, el 80 por ciento.

Además, Acuña recordó que al principio de implantar este sistema, aumentó el gasto farmacéutico, como en todas las comunidades autónomas, debido a “disfunciones en la puesta en marcha”, sin embargo, la Xunta decidió paralizarlo y “no contemplaron mejorarlo”.

Finalmente, la portavoz socialista aseguró que la Xunta está utilizando la receta electrónica para “premiar o castigar” a los profesionales que están de acuerdo con su gestión.

Por otra parte, desde el PPdeG se recordó que en este tema el anterior gobierno del bipartito solamente contempló implantar la receta electrónica en 26 centros de salud y el 7 por ciento de las farmacias. Mientras que actualmente, según el portavoz popular Rosendo Fernández, el 98 por ciento de los usuarios tienen acceso a esta nueva tecnología.